Pablo Beltrán
El sonido del silencio
Y nadie sabe si hace más ruido el silencio que la propia estridencia, pero lo que sí se sabe, es que la indiferencia nos pudiera llevar a un viaje sin retorno.
La sola tentación de algunos por acallar las voces, deja dibujada la intención de creación de una nueva sociedad que sólo transite como autómata, solo satisfaciendo sus necesidades básicas.
Los últimos eventos suscitados en varias regiones del país no dan un buen mensaje sobre el futuro, porque pareciera que la libertad de expresión trata de ser enterrada por personajes de talante autoritario, que no toleran la menor crítica.
Ya vimos en semanas anteriores la intentona dentro del proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, sobre la posibilidad de bloqueo de las redes por parte de un ente gubernamental, bajo ciertos supuestos, lo que al final del día, daría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la facultad de ‘detener el cerco’ ante cualquier oleada de cuestionamiento en algún tema álgido del interés nacional. Se dice que no pasará, pero algunas mentes consideran que a la reforma -que posiblemente salga en el período extraordinario de sesiones-, alguna matizada se le pudiera dar, no dejando el proyecto original del 109, pero si algún resquicio que pudiera dar lugar a limitaciones a la libre expresión. Ya veremos.
En esa corriente limitadora -e imitadora-, tenemos el caso muy reciente del Estado de Puebla, en donde su gobernador Alejandro Armenta, ahora llamado ‘El Virrey Escarmenta’, acaba de publicar el decreto de una ley sobre el ‘ciberacoso’, en donde ciertas conductas de participantes en las redes -aparentemente ofensivas- pueden cuadrar como delito e ir a parar a prisión. Lo anterior corrió como reguero de pólvora, a tal grado que el mandatario anuncia foros de consulta con la ley ya publicada y, por ende, ya en vigor. En esta entidad federativa, se dice que el acoso a comunicadores es amplio y que incluso en ese gobierno han sido procesados judicialmente veintidós periodistas.
Preocupante de igual manera, lo sucedido en Campeche, en donde el periodista Jorge González Valdez -ex director de Tribuna Campeche-, después de haber sido notificado el año pasado de una sentencia civil por una demanda por daño moral del director de comunicación social del gobierno del estado, ahora en estos días, fue vinculado a proceso penal, por un delito denominado de ‘incitación al odio’ en contra de la gobernadora Layda Sansores, ahora conocida bajo el mote de ‘Lady Censura’. Se dice que el delito consistió en que el señor González, tuvo el ‘atrevimiento’ de evidenciar algunas prácticas indebidas en el ejercicio del gobierno de la hija del ‘Negro’ Sansores, lo que ahora lo tiene en una situación vulnerable.
Por si lo anterior fuera poco, tenemos que, a mitad de semana, se supo que una joven hermosillense, de apellidos Estrella Murrieta, fue sancionada en firme por el INE ante el uso del Twitter (hoy ‘X’), al haber evidenciado en 2024 a la entonces candidata a diputada federal por el PT, Diana Karina Barreras, en torno a la supuesta manera de cómo obtuvo dicha candidatura. A ello precede la denuncia por violencia política por razón de género, de donde surgió una sanción inicial, la cual a pesar de haber sido impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedó finalmente confirmada con el resultado de una multa, el ofrecimiento de una disculpa pública, llevar un curso de género y publicar la sentencia en sus redes sociales…sumado a que la ciudadana será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE por año y medio. Vaya situación.
El silencio -que al parecer se pretende imponer por varios rincones de nuestra geografía- ha provocado el despertar, una vez más, de la defensa de la libre expresión y manifestación de las ideas, de ahí que ciudadanos y organizaciones ya estén en pie de lucha, al no estar de acuerdo con las restricciones y sanciones previstas en leyes nuevas -y no tan nuevas-, pero, sobre todo, en la manera en que se llevan a cabo los procedimientos y las deliberaciones.
Con todo esto, se pudiera sentir algo así como un ‘déjà vu’, o dicho de otra manera: el recuerdo no tan borroso de cómo funcionaban las cosas antes del pacto sociopolítico realizado a finales del siglo pasado…
TOGAS Y TOGADOS. Y donde la cosa sigue haciendo ruido es por los rumbos del Instituto Nacional Electoral, en donde a varios togados electos les fueron canceladas sus constancias de mayoría, al darse cuenta de que algunos de ellos no contaban con el promedio escolar exigido por la constitución y la ley. La elección de jueces, por lo visto, sigue dando mucho de qué hablar.
Por otro lado, pero en una situación más afable del tema judicial, se sabe que está listado para la sesión de la Corte de 24 de junio, el análisis del proyecto de la ministra Ríos Farjat para echar abajo la prisión preventiva oficiosa (automática por listado de delitos), para que sólo prevalezca la justificada, lo que deviene de la presión de organismos y tribunales internacionales y que pudieran tener resistencia por el actual statu quo. Esperemos noticias…