Jesús Palomares /MO
La lucha por mejores condiciones para las comunidades Guarijías llegó hasta la capital del país, donde representantes del pueblo originario protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir atención a rezagos en tierra, vivienda, caminos, agua potable y servicios esenciales.
Héctor Zayla Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad Makurawe, informó que buscarán una audiencia con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con el propósito de exponer directamente las necesidades que enfrentan diversas comunidades.
Explicó que la inconformidad no surgió recientemente, sino que se arrastra desde hace varios años ante la falta de cumplimiento a compromisos establecidos dentro del Plan de Justicia para pueblos indígenas.
También señaló que, pese al reconocimiento legal de sus derechos, continúan pendientes temas relacionados con consulta, seguimiento y ejecución de acciones prioritarias.
“La intención es que nuestras demandas sean escuchadas en la máxima instancia judicial del país”, expresó.
Zayla Enríquez recordó además que la Constitución de Sonora reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de establecer la obligación de consultarlos cuando alguna medida impacte su territorio o forma de vida.
En agosto de 2025, integrantes de la etnia Guarijío instalaron un plantón en oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en San Bernardo, Álamos. En febrero de 2026 liberaron el edificio por una orden federal, aunque mantuvieron la protesta en el exterior.