La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos públicos.
Durante su conferencia matutina de este 21 de mayo de 2026, la mandataria explicó que la propuesta busca fortalecer los mecanismos de revisión de candidaturas de todos los partidos políticos y evitar riesgos relacionados con el crimen organizado dentro de los procesos electorales.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, declaró Sheinbaum.
La presidenta detalló que la iniciativa será presentada durante el próximo periodo extraordinario del Congreso, el cual también servirá para discutir modificaciones relacionadas con la reforma al Poder Judicial y los cambios previstos para 2028.
Reforma busca aplicarse antes de las elecciones de 2027
Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de enviar la iniciativa ahora responde a la necesidad de que las nuevas reglas puedan ser consideradas antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.
Explicó que la propuesta ya se trabajaba desde hace tiempo y que originalmente formaba parte del llamado “Plan A”, el paquete de reformas que impulsó el movimiento oficialista para fortalecer la democracia y los mecanismos de participación ciudadana.
“Luisa María tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez, porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, comentó.
La mandataria agregó que el objetivo es cerrar cualquier espacio que permita la infiltración de intereses criminales en candidaturas de elección popular, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Congreso deberá discutir cambios electorales y judiciales
Además de la reforma electoral, el periodo extraordinario también incluirá temas relacionados con los cambios al Poder Judicial, particularmente la propuesta para mover la elección judicial al año 2028.
Según explicó la presidenta, estas modificaciones requerirán la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, además del aval de los congresos estatales.