Martín alberto Mendoza Salazar
PRESENTA FISCALÍA DEL ESTADO COMO LOGRO EL INCREMENTO EN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR NARCOMENUDEO; ARGUMENTA QUE ELLO OBEDECE A UNA ESTRATEGIA MÁS INTENSA DE INVESTIGACIÓN, CATEOS Y DETENCIONES; SIN DUDA, EL PLANTEAMIENTO TIENE FUNDAMENTO: SI EXISTEN MÁS OPERATIVOS Y UNA MAYOR ACTIVIDAD POLICIAL, ES NATURAL QUE AUMENTEN LAS DETENCIONES Y, EN CONSECUENCIA, LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN; ESE ESFUERZO MERECE RECONOCERSE; SACAR DROGA DE LAS CALLES, INTERVENIR PUNTOS DE VENTA Y DETENER A QUIENES PARTICIPAN EN EL NARCOMENUDEO ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y REPRESENTA UN TRABAJO QUE NO DEBE MINIMIZARSE; SIN EMBARGO, EL ÉXITO DE UNA POLÍTICA CRIMINAL NO PUEDE MEDIRSE ÚNICAMENTE POR EL NÚMERO DE CATEOS, DOSIS ASEGURADAS O PERSONAS DETENIDAS; TAMBIÉN DEBE ANALIZARSE LO QUE OCURRE DESPUÉS DE CADA PUESTA A DISPOSICIÓN; CADA DETENCIÓN IMPLICA LA PARTICIPACIÓN DE POLICÍAS, PERITOS, MINISTERIOS PÚBLICOS, DEFENSORES, ASESORES JURÍDICOS, JUECES Y, EN MUCHOS CASOS, EL INGRESO DE UNA PERSONA AL SISTEMA PENITENCIARIO; APLICAR LA LEY ES INDISPENSABLE, PERO TAMBIÉN LO ES DESARROLLAR UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE ATIENDA EL ORIGEN DEL PROBLEMA; MIENTRAS EXISTA UNA DEMANDA CONSTANTE DE DROGAS, SIEMPRE HABRÁ QUIEN ENCUENTRE RENTABLE VENDERLAS; POR ELLO SURGE UNA PREGUNTA INEVITABLE: SI EL PROPIO ESTADO RECONOCE LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DEL CONSUMO, ¿POR QUÉ SIGUE SIENDO TAN LIMITADA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ATENDER LAS ADICCIONES?; SIETE PERIODISTAS ASESINADOS EN SEIS MESES Y MEDIO: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE BAJO IMPARABLE ATAQUE; LA TARDE DE AYER SE RUMORÓ LA POSIBLE RENUNCIA DEL COMISARIO DE LA PESP; INCLUSO SE MENCIONAN NOMBRES DE QUIENES PODRÍAN RELEVARLO EN EL CARGO
EN LA CIUDAD capital, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó este miércoles como un logro el incremento en las carpetas de investigación por narcomenudeo, argumentando que ello obedece a una estrategia más intensa de investigación, cateos y detenciones. Sin duda, el planteamiento tiene fundamento: si existen más operativos y una mayor actividad policial, es natural que aumenten las detenciones y, en consecuencia, las carpetas de investigación. Ese esfuerzo merece reconocerse. Sacar droga de las calles, intervenir puntos de venta y detener a quienes participan en el narcomenudeo es una obligación del Estado y representa un trabajo que no debe minimizarse. Sin embargo, el éxito de una política criminal no puede medirse únicamente por el número de cateos, dosis aseguradas o personas detenidas. También debe analizarse lo que ocurre después de cada puesta a disposición. Cada detención implica la participación de policías, peritos, ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, jueces y, en muchos casos, el ingreso de una persona al sistema penitenciario. Todo ello representa una importante inversión de recursos humanos, económicos e institucionales que debe traducirse en una disminución real del fenómeno delictivo y no solamente en un incremento de estadísticas. Además, la experiencia cotidiana demuestra que no todas las personas detenidas por narcomenudeo ocupan el mismo papel dentro de este fenómeno. Existen quienes forman parte de estructuras criminales dedicadas a obtener ganancias mediante la venta de droga, pero también hay personas que enfrentan una fuerte dependencia a sustancias prohibidas y cuya adicción termina colocándolas frente al sistema penal cuando, paralelamente, requieren atención médica, psicológica y programas efectivos de rehabilitación…APLICAR LA LEY es indispensable, pero también lo es desarrollar una política pública que atienda el origen del problema. Mientras exista una demanda constante de drogas, siempre habrá quien encuentre rentable venderlas. Por ello surge una pregunta inevitable: si el propio Estado reconoce la magnitud del problema del consumo, ¿por qué sigue siendo tan limitada la infraestructura pública para atender las adicciones? Sonora cuenta con pocas unidades públicas especializadas en desintoxicación y rehabilitación, mientras que gran parte de la atención recae en centros privados. Combatir la oferta es necesario, pero reducir la demanda también debería ser una prioridad. Una estrategia verdaderamente exitosa no solo debería reflejar más detenciones. Debería traducirse en menos jóvenes iniciando en el consumo, menos familias destruidas por las adicciones, menos personas ingresando al sistema penitenciario por delitos relacionados con las drogas y una reducción sostenida de los puntos de venta porque, simplemente, ya no existe el mismo mercado para sostenerlos…EL TRABAJO operativo de las instituciones de seguridad merece reconocimiento. Pero también es momento de abrir una discusión seria sobre la política criminal que necesita Sonora. Una política que, además de perseguir con firmeza a quienes lucran con el narcomenudeo, destine la misma voluntad, recursos y estrategia para prevenir las adicciones, fortalecer la salud pública y atender las causas que mantienen vivo este fenómeno. Porque detener vendedores es importante; lograr que cada vez existan menos consumidores, menos adictos y menos familias afectadas sería, sin duda, el verdadero éxito, por lo que es dable plantear qué opinión le merece este tema al Secretario de Salud en la entidad, José Luis Alomía Zegarra, porque es tiempo que se mantenga un equilibrio en cuanto al combate de envenenadores públicos y mejorar la infraestructura de atención a quienes prácticamente se encuentran encadenados al consumo de drogas. Porque al no existir capacidad para atenderlos, sus familiares recurren a centros de desintoxicación, donde tal parece que no existe una clara regulación en su funcionamiento. Jamás se ha conocido que la Secretaria de Salud a través de algún programa realice inspecciones y ejerza un control médico y sanitario de esos anexos que operan por doquiera sin aparente verificación. Esto, mientras que familias pagan en algunos casos exorbitantes sumas para solventar ese proceso. Pero de esto, les hablaré más adelante, porque es interesante conocer como el consumo de drogas ha dañado el tejido social de la población…EN OTROS TEMAS, siete periodistas asesinados en seis meses y medio: la libertad de expresión sigue bajo imparable ataque. Apenas han transcurrido seis meses y medio de este 2026 y México ya suma siete periodistas asesinados. La víctima más reciente fue el columnista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar, privado de la vida el pasado 22 de julio en Oaxaca, cuando se encontraba afuera de su domicilio. Su caso vuelve a encender las alertas. No era un periodista especializado en temas de seguridad o crimen organizado. Su trabajo estaba enfocado en el análisis político y la opinión pública. Eso deja una pregunta inevitable: ¿se ha vuelto más peligroso escribir sobre política que cubrir la nota policiaca? Cada nuevo asesinato representa un golpe directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Cuando un periodista es silenciado, también se intenta silenciar la crítica, la investigación y el debate público. En Sonora, este hecho obliga nuevamente a mirar hacia una herida que permanece abierta. El pasado 16 de julio se cumplieron 62 meses del asesinato del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, fundador y director general de Medios Obson, ocurrido el 16 de mayo de 2020, en las afueras de céntrico restaurante. Junto con el comandante Orlando Antonio Ruvalcaba Flores que lo acompañaba en ese momento. Han pasado cinco años y dos meses. Sesenta y dos meses sin justicia y lo que es peor; ni siquiera se advierten visos de que posiblemente sea resuelto. Por un lado, la exfiscal Claudia Indira Contreras Córdova intentó desvirtuar la causa real del homicidio con argumentos baladíes en el sentido de que su muerte no había sido un atentado a la libertad de expresión y por otro el actual encargado de procurar la justicia, Gustavo Rómulo Salas Chávez no ha mostrado el más mínimo interés de hacer válida la justicia para Armenta Ávalos que fue un comunicador crítico, analítico y ante todo probo, además de que enarboló siempre la bandera de la justicia por los desprotegidos. Sin cortapisas señaló todo acto de corrupción de funcionarios y servidores públicos. Lo hizo sin ataduras como el pensamiento. En tanto que las autoridades hablan de fortalecer el acceso a la justicia para todos los sonorenses, el caso de Jorge Miguel Armenta continúa siendo un recordatorio de que todavía existen familias que siguen esperando respuestas, verdad y justicia. No basta con condenar cada nuevo asesinato. También es indispensable resolver los anteriores. La impunidad envía un mensaje peligroso: que matar a un periodista puede no tener consecuencias. Hoy México suma siete periodistas asesinados en 2026. En Sonora, el reloj sigue avanzando para Jorge Miguel Armenta. La pregunta permanece vigente: ¿Quién protege realmente la libertad de expresión cuando quienes ejercen el periodismo siguen siendo asesinados y, en muchos casos, olvidados? …DURANTE LA tarde de ayer, comenzó a tomar fuerza la versión sobre la posible salida del comisario de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), José Guadalupe Martínez Lavariega. Aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme el cambio, el tema generó una intensa movilización al interior de las corporaciones de seguridad. Fue necesario realizar diversas llamadas telefónicas y consultas con fuentes relacionadas con el ámbito de la seguridad pública. Como era de esperarse, nadie quiso confirmar la información de manera abierta; sin embargo, tampoco hubo un desmentido contundente, por lo que el ambiente continúa siendo de incertidumbre respecto al futuro de la corporación. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse para asumir el relevo figuran Benjamín González y hasta el subinspector Luis Carlos Villalobos Chávez, este último con enorme experiencia al haber encabezado anteriormente la Policía Estatal, lo que lo convierte en un perfil con amplio conocimiento operativo de la institución. Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido oficializada. Continuaremos atentos al desarrollo de este tema y a cualquier determinación que adopten las autoridades, pues los cambios en los mandos de seguridad siempre representan un asunto de interés público por el impacto que tienen en la estrategia para enfrentar la violencia y fortalecer la seguridad en Sonora…Luego seguimos, Dios mediante.
