El gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica que busca obligar a los estados a colaborar con las autoridades migratorias, bajo el riesgo de perder fondos federales destinados a programas de asistencia social.
La nueva interpretación, dada a conocer este miércoles, establece que los estados deberán reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de migrantes. De no hacerlo, podrían enfrentar la pérdida de recursos de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Ambos programas forman parte de la red de seguridad para familias de bajos ingresos, así como para residentes de edad avanzada y personas con discapacidad en Estados Unidos.
La anterior opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, emitida en 1998, establecía que únicamente las agencias estatales encargadas de administrar los programas TANF y SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de inmigración.
Sin embargo, la nueva revisión del Departamento de Justicia amplió esta obligación para incluir a todos los estados y no únicamente a las dependencias que administran dichos programas, señaló la dependencia en un comunicado.
Al respecto, el fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros sostuvo que los fondos públicos destinados a apoyar a los estadounidenses en situación vulnerable no deben fomentar “de manera perversa” la entrada ilegal al país, sino contribuir al cumplimiento de las leyes y al reforzamiento de las fronteras.
El nuevo dictamen representa la señal más reciente de la política de mano dura impulsada por la administración Trump en materia migratoria.
Se prevé que la medida sea impugnada ante los tribunales, que en el pasado han bloqueado otros intentos similares de la administración federal para presionar a estados y ciudades a colaborar con las autoridades migratorias.
