El Gobierno de México presentó su Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2026, una estrategia que busca impulsar el desarrollo tecnológico al servicio de la ciudadanía y los derechos humanos.
Aunque el documento fue presentado en abril, cobró mayor notoriedad pública durante los primeros días de septiembre de 2026. El plan contempla acciones enfocadas en regulación ética, formación de capacidades y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nacional.
De acuerdo con el documento, la estrategia digital nacional busca reducir la dependencia tecnológica frente a corporaciones extranjeras y fortalecer la llamada soberanía tecnológica, definida como la capacidad colectiva para orientar la innovación científica hacia el interés de la población.
Entre los proyectos destaca la construcción de la supercomputadora Coatlicue, para la cual las dependencias federales destinaron una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos. Las autoridades proyectaron colocar la primera piedra en junio de este año.
En materia de regulación, las instituciones oficiales presentaron el pasado 29 de enero los Principios de Chapultepec, un decálogo para orientar la adopción ética de estos sistemas. Entre sus planteamientos se establece que toda decisión pública automatizada debe contar con responsables humanos y cumplir con criterios de transparencia algorítmica.
El plan también contempla la formación de talento. El Gobierno Federal inauguró el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, cuya primera generación reunió a 10 mil estudiantes inscritos. La capacitación es gratuita y se desarrolla mediante una alianza estratégica con 14 empresas globales de tecnología.
A la par, la Fábrica de Inteligencia Artificial reúne a 100 expertos de distintas disciplinas para desarrollar soluciones de software enfocadas en el interés público. Durante su primer año de operación, este equipo consolidó seis proyectos prioritarios.
Uno de ellos es Ventanilla 24/7, una herramienta digital diseñada para orientar a la ciudadanía en la localización de trámites federales. El sistema procesa consultas mediante modelos de lenguaje capaces de interpretar la forma cotidiana en que las personas realizan sus preguntas.
En infraestructura, la administración pública destinó 7 millones de dólares a la modernización del Centro de Datos de Aguascalientes, con el objetivo de resguardar información nacional. También se preparó la habilitación de un segundo nodo en Tulancingo, como parte del avance hacia una mayor autonomía digital del Estado.
Ante el foro internacional del G20, representantes de México señalaron que “la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercar a las personas a sus derechos”, una postura que marca el enfoque soberano planteado en el nuevo documento nacional.