El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como parte de una política de restricciones migratorias dirigida contra personas a las que Washington señala por actividades relacionadas con corrupción, narcotráfico o acciones que, según el gobierno estadounidense, afectan a gobiernos democráticamente elegidos.
La medida contempla también restricciones para los familiares directos de las personas señaladas y se sustenta en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
Bolivia concentra el mayor número de afectados. De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, 13 ciudadanos bolivianos fueron incluidos en las restricciones, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado, un exministro de Justicia, un exmagistrado, un coronel de la Policía y un empresario.
Entre los señalados se encuentran Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; así como las juezas Albania Chane Caballero Saavedra y Rosario Ximena Flores Paniagua.
También fueron incluidos Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana, y el empresario José Luis Iriarte Cussi, entre otros.
En Colombia, Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), así como del empresario Euclides Antonio Torres Romero. La medida también alcanza a sus familiares directos.
En Ecuador, la medida fue aplicada a dos ciudadanos, aunque el Departamento de Estado no hizo públicos sus nombres. La identidad de las personas afectadas permanece bajo reserva conforme a las disposiciones estadounidenses sobre registros consulares.
En Perú, la restricción alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, y a sus familiares directos.
El gobierno estadounidense sostuvo que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. En su comunicado, el Departamento de Estado afirmó que los funcionarios corruptos y las personas a quienes, según sus señalamientos, protegen no son bienvenidos en Estados Unidos.
Con base en los nombres y países reportados, la medida alcanza a 18 personas: 13 de Bolivia, dos de Colombia, dos de Ecuador y una de Perú. La cifra de 17 que aparece en algunas versiones de la información no coincide con este desglose.