Una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de programas de becas educativas cuyos datos personales no pudieron ser validados mediante el Registro Nacional de Población (Renapo).
Las observaciones forman parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, que examinó la operación de distintos programas federales de apoyo a estudiantes de educación básica, media superior y superior, correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, los recursos fueron dispersados a las cuentas de los beneficiarios pese a que la información proporcionada no obtuvo una validación positiva al ser comparada con los registros oficiales de población.
Esta situación representa una irregularidad en los mecanismos de identificación y verificación de las personas inscritas en los programas. Sin embargo, la falta de validación no demuestra por sí sola que todos los beneficiarios sean inexistentes o que la totalidad de los recursos haya sido desviada.
La fiscalización también encontró inconsistencias en los procedimientos de entrega y activación de las tarjetas del Banco del Bienestar, utilizadas para depositar los apoyos económicos.
Durante 2024, la institución bancaria dejó sin entregar 95 mil 960 tarjetas destinadas a estudiantes beneficiarios. A pesar de ello, 94 mil 251 aparecían registradas como activas en el sistema.
La normativa establece que estos instrumentos financieros deben activarse después de que hayan sido recibidos por sus titulares y dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, por lo que las observaciones evidenciaron incumplimientos en los procedimientos establecidos.
Entre las anomalías más relevantes se identificaron mil 78 cuentas vinculadas con tarjetas que no habían sido entregadas, pero que permanecían activas y recibieron depósitos por un monto acumulado de 8.6 millones de pesos.
Los auditores también encontraron problemas relacionados con la identificación de los planteles escolares considerados para la distribución de las becas.
En el Catálogo de Escuelas de Referencia aparecieron mil 842 claves de centros de trabajo que no pudieron localizarse en los registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, se identificaron aproximadamente 6 mil 500 escuelas que no cumplían con los criterios de priorización establecidos para determinados apoyos educativos.
Otra de las observaciones correspondió a mil 376 beneficiarios de educación básica inscritos en escuelas clasificadas como no prioritarias, quienes recibieron recursos por un total de 8.5 millones de pesos.
La revisión comprendió distintos esquemas de apoyo, entre ellos el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 2024, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina 2025, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Ante las irregularidades detectadas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la implementación de medidas preventivas y correctivas destinadas a fortalecer los mecanismos de control y reducir posibles errores en la entrega de los recursos.
Entre las acciones reportadas se encuentra la corrección de 78 expedientes bancarios, así como la capacitación del personal encargado de integrar la documentación de los beneficiarios y verificar la información necesaria para realizar los pagos.
También se realizaron ajustes al sistema automatizado utilizado para la entrega de apoyos económicos, con el propósito de mejorar los procesos de registro, validación y seguimiento de las operaciones.
La dependencia estableció mecanismos adicionales para documentar el envío y recepción de los archivos utilizados en la dispersión de recursos, además de controles para atender las quejas presentadas por los beneficiarios.
Las observaciones forman parte de una revisión más amplia sobre el ejercicio de recursos públicos federales. Según el informe de fiscalización, las auditorías de 2025 identificaron irregularidades por al menos 5 mil 639 millones de pesos en diferentes rubros, incluidos pagos sin comprobar, obras pagadas y no ejecutadas, así como posibles sobreprecios.
Los resultados ponen de manifiesto deficiencias en los controles administrativos de los programas de becas, particularmente en la comprobación de identidad, la actualización de padrones y el manejo de instrumentos bancarios.
La información disponible no establece que todos los pagos observados constituyan un fraude comprobado. Para determinar la existencia de desvíos, responsabilidades administrativas o posibles delitos será necesario que las autoridades competentes concluyan los procedimientos de investigación y aclaración correspondientes.