El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que contempla multas de hasta 2 millones 345 mil pesos para las empresas que realicen llamadas telefónicas o envíen mensajes publicitarios de forma reiterada y persistente sin el consentimiento de las personas.
La iniciativa fue avalada el miércoles 7 de octubre de 2026 con 96 votos a favor y ninguno en contra, con el objetivo de fortalecer la protección de los consumidores frente a las prácticas de acoso telefónico utilizadas para promocionar productos, servicios financieros, tarjetas de crédito, seguros y otros artículos comerciales.
La modificación contempla cambios a los artículos 18 Bis y 127 de la legislación federal, mediante los cuales se establecerían sanciones económicas de entre 56 mil 570 y 2 millones 345 mil 728 pesos para las compañías que incumplan las disposiciones.
La propuesta fue impulsada por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Latifa Martínez Simón, quien señaló que las llamadas comerciales no solicitadas representan una problemática que afecta la tranquilidad y privacidad de millones de mexicanos.
Durante la discusión legislativa, la senadora explicó que las personas deben tener la posibilidad de rechazar las ofertas comerciales sin verse obligadas a responder constantemente llamadas de empresas que continúan insistiendo pese a recibir una negativa.
La reforma busca prohibir que los proveedores utilicen llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos u otros medios de comunicación no autorizados para contactar repetidamente a consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios.
Además, establece que las empresas deberán respetar la decisión de quienes hayan manifestado expresamente que no desean recibir publicidad o se encuentren inscritos en los registros correspondientes para evitar este tipo de comunicaciones.
Otro de los puntos relevantes del dictamen es la responsabilidad de las compañías cuando contraten a terceros para realizar campañas publicitarias o contactar a posibles clientes.
De acuerdo con la modificación, los proveedores serán corresponsables del manejo de los datos personales utilizados para promocionar sus productos o servicios, incluso cuando las llamadas o mensajes sean enviados por empresas externas.
Esta disposición busca impedir que las compañías evadan responsabilidades argumentando que las comunicaciones fueron realizadas por intermediarios o prestadores de servicios contratados.
Durante el debate, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, destacó que las nuevas sanciones permitirían enfrentar las prácticas de empresas que insisten en ofrecer productos sin respetar los horarios ni la voluntad de los usuarios.
Los legisladores también señalaron que el acoso telefónico no solamente representa una molestia cotidiana, sino que puede generar riesgos relacionados con el uso indebido de información personal y la exposición a posibles fraudes.
Según datos de la aplicación Truecaller citados en el dictamen, México se encuentra entre los cinco países con mayor incidencia de llamadas no deseadas, con un promedio estimado de entre 20 y 25 comunicaciones de este tipo por usuario cada mes.
Ante esta situación, los senadores consideraron necesario establecer sanciones económicas suficientemente elevadas para desalentar las prácticas comerciales invasivas y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor.
La iniciativa también pretende mejorar la eficacia de los mecanismos existentes para evitar la publicidad no solicitada, debido a que los legisladores identificaron deficiencias en las consecuencias aplicables a las empresas que incumplen las restricciones.
Con la reforma, las compañías que utilicen información personal para fines comerciales deberán prestar mayor atención a las autorizaciones de los consumidores y a los procedimientos empleados para realizar sus campañas de promoción.
Sin embargo, las nuevas multas todavía no entran en vigor, ya que el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con su análisis, discusión y eventual aprobación.
En caso de completar el proceso legislativo y ser publicado oficialmente, el nuevo esquema de sanciones fortalecería las herramientas legales para combatir las llamadas comerciales insistentes y proteger el derecho de los consumidores a decidir si desean recibir publicidad.