La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 14 de octubre la firma de un decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales que operan en México, con el propósito de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y otros materiales que puedan poner en riesgo su integridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida busca fortalecer la seguridad de los menores de edad en internet y establecer mecanismos para que las empresas tecnológicas asuman una mayor responsabilidad sobre los contenidos que circulan en sus servicios.

El decreto contempla disposiciones aplicables a redes sociales y otras plataformas digitales, incluidas aquellas que ofrecen servicios de entretenimiento y difusión de contenidos audiovisuales.

Entre las principales obligaciones se encuentra la identificación y eliminación de publicaciones que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, así como aquellas relacionadas con el suicidio, las autolesiones y los trastornos alimenticios.

También se incluyen materiales que fomenten la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso, conductas ilícitas y la exposición de menores a contenido sexual explícito.

La presidenta señaló que la intención es evitar que niñas, niños y adolescentes encuentren este tipo de publicaciones mediante los sistemas de recomendación de las plataformas, los cuales pueden difundir contenidos de manera automática según la actividad de los usuarios.

La iniciativa fue desarrollada con la participación de distintas dependencias del Gobierno federal y especialistas en seguridad digital, protección de la infancia y tecnologías de la información.

De acuerdo con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, las empresas deberán establecer mecanismos para detectar y retirar oportunamente cuentas y publicaciones que representen riesgos para los menores.

Asimismo, tendrán que incorporar sistemas de clasificación de contenidos por edad, con el objetivo de limitar la exposición de los usuarios a materiales que no sean adecuados para su etapa de desarrollo.

Otra de las disposiciones contempla la implementación de herramientas de supervisión parental, mediante las cuales madres, padres y tutores podrán contar con mayores opciones para acompañar la actividad digital de los menores de edad.

Las plataformas también deberán ofrecer mecanismos accesibles para denunciar publicaciones o cuentas que promuevan la violencia, así como establecer configuraciones predeterminadas de privacidad y seguridad para los perfiles de niñas, niños y adolescentes.

Estas medidas buscan que los usuarios menores de edad dispongan de mayores niveles de protección desde el momento en que utilizan una plataforma, sin depender exclusivamente de que sus familias modifiquen manualmente las opciones de seguridad.

El decreto establece además mecanismos de colaboración entre las empresas tecnológicas y las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Las plataformas deberán mantener canales de comunicación disponibles las 24 horas del día para atender requerimientos relacionados con investigaciones, preservar información relevante y proporcionar evidencia cuando corresponda legalmente.

También tendrán la obligación de alertar a las autoridades competentes cuando identifiquen contenidos que representen amenazas contra la vida de las personas.

La presidenta explicó que esta coordinación permitirá responder con mayor rapidez ante situaciones de riesgo y facilitará la intervención de las instituciones encargadas de prevenir e investigar hechos violentos.

Las empresas dispondrán de un plazo de un mes para adecuar sus mecanismos de operación y cumplir con las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno federal.

Sheinbaum advirtió que, en caso de incumplimiento, su administración podría impulsar una iniciativa legislativa que establezca sanciones específicas para las plataformas.

Por ahora, la medida se concentra en fijar obligaciones de prevención, detección, retiro de contenidos y cooperación institucional.

La mandataria indicó que las autoridades federales ya sostuvieron reuniones con representantes de importantes compañías tecnológicas para explicar los objetivos de la regulación y revisar las medidas que deberán adoptar.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, cuyos servicios forman parte del entorno digital utilizado diariamente por millones de personas.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó previamente que las plataformas cuentan con herramientas tecnológicas capaces de identificar automáticamente contenidos y comportamientos de alto riesgo.

Por ello, consideró que la coordinación con estas empresas permitirá fortalecer los mecanismos de detección y respuesta ante publicaciones que puedan representar un peligro para los usuarios.

La decisión del Gobierno federal se produce después de distintos episodios de violencia registrados en planteles educativos del país, que llevaron a las autoridades a revisar la influencia de determinados contenidos y comunicaciones digitales en situaciones de riesgo.

Uno de los casos que motivaron la discusión fue un ataque ocurrido a principios de octubre en una escuela de Coahuila, donde se registró una persona fallecida y tres lesionadas.

Sheinbaum señaló que las autoridades han identificado situaciones de violencia escolar en las que existieron comunicaciones a través de redes sociales, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de prevención.

Sin embargo, la relación entre el uso de plataformas digitales y los actos violentos requiere analizarse de manera individual, sin asumir que la exposición a determinados contenidos explica por sí sola las conductas de los involucrados.

La presidenta sostuvo que el propósito de la regulación no es prohibir el uso de redes sociales, sino establecer condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes utilizarlas con mayores garantías de seguridad.

Como parte de las acciones complementarias, el Gobierno federal también impulsa el programa denominado ABC de las Emociones, dirigido a estudiantes, docentes, madres, padres y tutores.

Esta estrategia contempla materiales de orientación y acompañamiento para identificar situaciones de riesgo, fortalecer la convivencia escolar y promover la atención oportuna de problemas relacionados con el bienestar emocional.

Las autoridades educativas consideran que la prevención de la violencia requiere la participación conjunta de las escuelas, las familias, las instituciones públicas y las empresas que ofrecen servicios digitales.

El Gobierno mexicano también busca incorporar medidas que se han discutido o implementado en otros países, donde la protección de menores en internet se ha convertido en un asunto prioritario para las autoridades.

En distintas regiones del mundo se han desarrollado regulaciones sobre verificación de edad, privacidad infantil, supervisión parental y responsabilidad de las plataformas frente a contenidos perjudiciales.

Estas iniciativas también han generado debates sobre la necesidad de equilibrar la seguridad de los menores con la protección de datos personales, la privacidad y la libertad de expresión.

En México, la aplicación del nuevo decreto requerirá definir cómo se implementarán los mecanismos de detección y retiro de contenidos, así como los procedimientos de colaboración con las autoridades.

La medida representa un nuevo paso en la regulación de los entornos digitales y plantea obligaciones adicionales para las empresas tecnológicas que ofrecen servicios a usuarios mexicanos.

Con el plazo de un mes anunciado por el Gobierno federal, las plataformas deberán revisar sus herramientas de seguridad y establecer los mecanismos necesarios para atender las nuevas disposiciones.

Sheinbaum reiteró que el objetivo central es garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en espacios digitales más seguros, mediante acciones preventivas y una mayor responsabilidad de las empresas que administran estos servicios.

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