El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció los avances de México en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, luego de que el Gobierno federal informara que durante 2026 han sido encontradas más de 16 mil personas.
El reconocimiento se produjo en el contexto de la solicitud del organismo internacional para que la situación de las desapariciones forzadas en México sea examinada por la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a la gravedad de los casos documentados en el país.
Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité, destacó que las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas representan un avance en la atención de esta problemática, aunque insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y cooperación internacional.
El organismo señaló que la decisión de llevar el caso mexicano ante una instancia superior de Naciones Unidas ha comenzado a generar resultados, entre ellos la presentación de nuevas acciones gubernamentales y la localización de miles de personas.
De acuerdo con los registros oficiales, México mantiene más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, una cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades y las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
El Comité expresó su reconocimiento por los resultados presentados, pero aclaró que estos avances no eliminan las preocupaciones relacionadas con la persistencia de desapariciones forzadas, la impunidad y las dificultades para esclarecer numerosos casos.
La postura del organismo internacional se produce después de que el Gobierno mexicano presentara ante Naciones Unidas los resultados de su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, mediante un encuentro celebrado en Nueva York.
Durante esa reunión, representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República expusieron las medidas adoptadas para mejorar los procesos de localización, identificación humana e investigación de desapariciones.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó que la estrategia ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante este año, mediante distintas acciones de coordinación institucional.
Entre los mecanismos utilizados se encuentran el intercambio de información entre dependencias, la revisión de registros administrativos, la búsqueda en hospitales y centros penitenciarios, así como el despliegue de personal especializado en territorio.
La Secretaría de Gobernación también dio a conocer la conformación de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales encargado de revisar las metodologías utilizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El objetivo es mejorar la calidad de la información disponible, detectar inconsistencias y fortalecer las herramientas que permiten identificar y localizar a personas cuyo paradero se desconoce.
Las autoridades explicaron que el grupo contará con acompañamiento internacional y realizará recomendaciones técnicas para mejorar el funcionamiento del registro.
Otro de los componentes de la estrategia es la Plataforma Única de Identidad, herramienta que permite cruzar información de distintas instituciones para identificar posibles coincidencias relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.
Según los datos presentados por el Gobierno federal, estos cruces de información permitieron registrar 6 mil 939 localizaciones, mientras que la coordinación con las entidades federativas contribuyó a formalizar otros 4 mil 788 casos.
También se reportaron resultados mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y las acciones de búsqueda realizadas directamente en campo.
Las autoridades destacaron que la estrategia contempla la operación permanente de un Centro de Mando Nacional, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para facilitar la coordinación de las instituciones responsables.
Asimismo, se informó sobre la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda, con el propósito de ampliar las capacidades operativas y técnicas del organismo.
Estas acciones forman parte de las modificaciones legales aprobadas en 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, sin necesidad de esperar un plazo determinado.
La medida busca que las labores de búsqueda y las investigaciones ministeriales comiencen de manera simultánea, para incrementar las posibilidades de encontrar a las personas y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció las reformas adoptadas por México y reiteró su disposición a brindar acompañamiento técnico.
No obstante, representantes de esa oficina subrayaron que los cambios normativos deben traducirse en resultados efectivos, particularmente en las investigaciones, la identificación de personas y la participación de las familias.
El Comité contra la Desaparición Forzada mantiene una postura de preocupación ante los indicios de que en México se han cometido desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en distintos momentos y regiones del país.
Por esta razón, activó un procedimiento excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este mecanismo permite solicitar que una situación sea llevada a la atención de la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
El Comité ha advertido que algunos de los hechos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, aunque esa valoración no representa por sí misma una sentencia judicial ni establece responsabilidades penales individuales.
La solicitud ha generado diferencias con el Gobierno mexicano, que ha rechazado que exista una política de desaparición forzada impulsada desde el Estado.
Sin embargo, el organismo internacional considera necesario mantener el escrutinio y fortalecer la cooperación para garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y obtener justicia.
En este contexto, el reconocimiento de las más de 16 mil localizaciones no implica que Naciones Unidas haya retirado su solicitud de examinar la situación mexicana.
Por el contrario, el Comité considera que la cooperación internacional puede contribuir a mejorar los resultados de búsqueda y a enfrentar las dificultades que persisten en el sistema de investigación.
El organismo también ha señalado la importancia de que México mantenga vínculos de colaboración con otros países y especialistas internacionales que cuentan con experiencia en identificación humana y análisis forense.
Entre los desafíos pendientes se encuentra el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar desapariciones, la atención a las familias y la identificación de personas fallecidas cuyos restos permanecen sin ser reconocidos.
Las organizaciones de familiares y colectivos de búsqueda han insistido en que las cifras de localización deben acompañarse de investigaciones efectivas para determinar qué ocurrió con las víctimas y, cuando corresponda, sancionar a los responsables.
Además, han solicitado que las autoridades garanticen su participación en las decisiones relacionadas con la búsqueda y el funcionamiento de los registros oficiales.
La localización de una persona no necesariamente significa que se hayan esclarecido las circunstancias de su desaparición, por lo que las investigaciones pueden continuar aun después de que se confirme su paradero.
De igual manera, los resultados deben analizarse considerando los distintos mecanismos mediante los cuales las personas fueron encontradas y registradas por las autoridades.
El Gobierno federal ha reiterado que la atención a las desapariciones constituye una prioridad nacional y ha expresado su disposición a mantener el diálogo con organismos internacionales.
Mientras tanto, el Comité de la ONU sostiene que los avances reportados representan un paso importante, pero que México todavía enfrenta una crisis de derechos humanos que requiere acciones sostenidas.
La discusión ante Naciones Unidas continuará centrada en la necesidad de fortalecer la búsqueda de personas, garantizar investigaciones efectivas y establecer mecanismos de cooperación que permitan atender a las miles de familias que siguen esperando información sobre sus seres queridos.