La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este martes 20 de octubre que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para evitar que sea investigada por la presunta participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria rechazó las versiones sobre un supuesto pacto para concentrar las responsabilidades legales en el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta un proceso judicial relacionado con la presencia de agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara.
Sheinbaum aseguró que su administración no interviene en las investigaciones para favorecer o perjudicar a funcionarios públicos y sostuvo que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante las pruebas recabadas por las autoridades correspondientes.
“La justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, expresó la presidenta al responder a los cuestionamientos sobre la situación de la gobernadora panista.
La mandataria insistió en que no existe ningún acuerdo con Maru Campos para determinar quién debe enfrentar consecuencias penales por los hechos investigados.
Asimismo, rechazó haber exonerado a la gobernadora, pues explicó que esa determinación no corresponde a la Presidencia de la República, sino a las instituciones encargadas de procurar justicia.
De acuerdo con Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar los hechos, reunir los elementos necesarios y establecer si existen pruebas suficientes para proceder legalmente contra alguna persona.
La presidenta señaló que las decisiones deben sustentarse en las investigaciones y no en consideraciones políticas, por lo que descartó haber intervenido para dirigir las acusaciones exclusivamente contra el exfiscal.
El caso se originó por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo relacionado con un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno federal mexicano.
La presencia de los agentes extranjeros quedó bajo investigación después de un accidente carretero en el que fallecieron dos de ellos, cuando regresaban de actividades realizadas en territorio chihuahuense.
A partir de estos acontecimientos, las autoridades federales comenzaron a revisar las circunstancias en las que los agentes ingresaron al país y participaron en acciones relacionadas con la seguridad.
Las investigaciones buscan esclarecer quién autorizó su intervención, cuáles fueron las funciones que desempeñaron y si se incumplieron disposiciones de la legislación mexicana en materia de seguridad nacional.
Sheinbaum sostuvo que las autoridades estatales no tienen facultades para permitir de manera independiente la participación de agentes de inteligencia extranjeros en operativos de esa naturaleza.
También señaló que existen restricciones legales sobre las actividades que pueden desarrollar representantes de organismos de seguridad de otros países dentro del territorio nacional.
En este contexto, la FGR inició una investigación que derivó en acusaciones contra César Jáuregui, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Chihuahua.
El exfuncionario enfrenta señalamientos por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en actividades que, según las autoridades federales, no contaban con los permisos necesarios.
De manera paralela, también se han iniciado procedimientos en el ámbito estatal por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
La presidenta explicó que las autoridades judiciales deberán analizar los elementos presentados por la Fiscalía y determinar la situación jurídica del exfiscal conforme al procedimiento correspondiente.
Jáuregui tiene programada una audiencia este martes en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Durante esta diligencia, el Ministerio Público federal deberá exponer los hechos que sustentan la imputación y los elementos de prueba relacionados con el presunto delito.
La defensa del exfuncionario tendrá oportunidad de responder a las acusaciones y ejercer los derechos que establece el sistema de justicia penal.
La existencia de una imputación no representa una declaración de culpabilidad, por lo que la responsabilidad penal deberá determinarse mediante las resoluciones judiciales correspondientes.
Sheinbaum señaló que el delito de traición a la patria constituye una acusación de especial gravedad y afirmó que se trata de un caso poco frecuente dentro de los procedimientos penales del país.
No obstante, reiteró que corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas necesarias para sostener los señalamientos ante las autoridades judiciales.
Respecto a Maru Campos, la presidenta explicó que la investigación debe establecer si existen elementos que permitan atribuirle alguna participación o responsabilidad en los hechos.
Indicó que, hasta donde conoce, las indagatorias se han concentrado en la actuación del exfiscal, pero aclaró que ello no equivale a una exoneración definitiva de la gobernadora.
La mandataria sostuvo que la Fiscalía tiene la responsabilidad de continuar investigando hasta donde lo permitan las pruebas disponibles, sin que las decisiones dependan de acuerdos entre gobiernos.
Sus declaraciones surgieron después de que circularan versiones sobre un posible entendimiento político entre las autoridades federales y la administración de Chihuahua, relacionado con la situación judicial de Jáuregui.
Sheinbaum rechazó esas interpretaciones y afirmó que no se ha puesto de acuerdo con la gobernadora para decidir quién debe ser encarcelado o quién quedaría fuera de las investigaciones.
También sostuvo que los procedimientos judiciales deben desarrollarse de manera independiente de las diferencias políticas entre funcionarios o partidos.
El caso ha generado atención por las implicaciones que representa la presunta intervención de agentes de inteligencia extranjeros en actividades de seguridad dentro de México.
La legislación nacional establece procedimientos específicos para la cooperación internacional en esta materia, particularmente cuando se trata de la presencia y actuación de representantes de organismos extranjeros.
Por ello, uno de los aspectos centrales de la investigación consiste en determinar si las actividades realizadas en Chihuahua respetaron las disposiciones legales aplicables.
La Fiscalía también deberá esclarecer las circunstancias del operativo, las autorizaciones que pudieron haberse otorgado y la participación de las autoridades involucradas.
Mientras tanto, el proceso judicial contra César Jáuregui continuará conforme a las etapas establecidas en el sistema penal mexicano.
La presidenta reiteró que su administración no ha negociado la situación legal de Maru Campos y que cualquier decisión relacionada con posibles responsabilidades deberá surgir de las investigaciones.
Con esta postura, Sheinbaum buscó deslindar al Gobierno federal de las versiones sobre un acuerdo político para proteger a la gobernadora de Chihuahua, mientras la FGR mantiene abierto el caso relacionado con la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano.