Redacción / El Tiempo
AGUA, UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA PARA SONORA
La disponibilidad de agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo de Sonora. La sequía prolongada, el crecimiento de la población y las necesidades de los sectores productivos obligan a impulsar proyectos de infraestructura que garanticen el acceso al recurso en cantidad y calidad suficientes. En ese contexto, la inversión anunciada por el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el abastecimiento de agua en la región del Río Sonora representa una apuesta de largo plazo para atender una de las demandas más sensibles de las comunidades. La participación de la Comisión Nacional del Agua en el desarrollo del Plan Integral de Agua y la aportación de recursos por parte de Grupo México permiten integrar esfuerzos institucionales y financieros para concretar obras como plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección e infraestructura hidráulica que beneficien a los municipios de la región. Asimismo, la inclusión de proyectos para Hermosillo y otras ciudades del estado refleja una estrategia más amplia orientada a mejorar el suministro de agua potable, fortalecer el saneamiento y modernizar la infraestructura hidroagrícola. Sin embargo, el éxito de estas inversiones dependerá no solo de su ejecución, sino también de su mantenimiento, operación eficiente y adecuada administración en los años por venir. La seguridad hídrica exige una visión integral que combine infraestructura, conservación de acuíferos, uso responsable del recurso y planeación de largo plazo. Garantizar agua para las familias, la actividad productiva y el desarrollo urbano constituye una condición indispensable para el crecimiento de Sonora.
SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD: EL DESAFÍO DEL CRECIMIENTO
El incremento al salario mínimo ha permitido mejorar el ingreso de millones de trabajadores en los últimos años, pero también ha abierto un debate sobre las condiciones necesarias para que esos avances sean sostenibles en el largo plazo. En ese contexto, el planteamiento de Jaime Félix Gándara, presidente de Coparmex Sonora Norte, pone sobre la mesa un elemento fundamental: el crecimiento de los salarios debe ir acompañado por un aumento en la productividad y en la capacidad económica de las empresas. Un mayor poder adquisitivo beneficia a las familias, impulsa el consumo interno y fortalece la economía local; sin embargo, para que estos efectos positivos se mantengan es necesario contar con un entorno que favorezca la inversión, la innovación y la generación de empleo formal. El equilibrio entre mejores condiciones laborales y competitividad empresarial representa uno de los principales retos para la política económica del país. Lograrlo implica impulsar estrategias que fortalezcan la capacitación del capital humano, la incorporación de tecnología, la modernización de los procesos productivos y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte importante del empleo en México. El crecimiento económico sostenible requiere que trabajadores y empresas avancen de manera conjunta, generando un círculo virtuoso donde el aumento de la productividad permita mejorar los ingresos sin comprometer la estabilidad de los negocios ni la creación de nuevas fuentes de empleo.
REGLAS CLARAS PARA LA EQUIDAD ELECTORAL
Aunque el proceso electoral de Sonora 2027 aún no inicia formalmente, el escenario político ya muestra una intensa actividad por parte de diversos actores que buscan fortalecer su presencia pública y posicionarse ante la ciudadanía. Esta realidad ha reavivado el debate sobre la necesidad de contar con un marco jurídico más preciso que permita delimitar con claridad cuándo una actividad política forma parte de la vida interna de los partidos y cuándo puede constituir un acto anticipado de campaña. Como señala el politólogo José Arturo Rodríguez Obregón, la legislación vigente presenta áreas de interpretación que dificultan la actuación de las autoridades electorales antes del arranque oficial del calendario comicial. La creciente realización de reuniones, recorridos, eventos públicos y actividades de promoción política por parte de aspirantes de distintas fuerzas partidistas evidencia que las reglas actuales enfrentan nuevos desafíos derivados de la dinámica política contemporánea. El propósito de cualquier reforma en esta materia no debería ser limitar la participación política, sino garantizar condiciones de equidad para todas las personas interesadas en competir por un cargo de elección popular. También resulta relevante que quienes ocupan responsabilidades públicas adopten medidas, como la solicitud de licencia para participar en procesos internos partidistas, con el fin de evitar posibles conflictos entre el ejercicio de sus funciones y sus aspiraciones políticas. La certeza jurídica constituye uno de los pilares de cualquier proceso electoral, ya que brinda confianza tanto a los participantes como a la ciudadanía.
LA PRIMERA PRUEBA DE MORENA RUMBO A 2027
El cierre del registro de 277 aspirantes para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 confirma el alto interés que existe por competir en las entidades donde estará en juego la renovación de las gubernaturas. La cifra refleja la fortaleza organizativa del movimiento, pero también anticipa un proceso de selección complejo, en el que la dirigencia nacional deberá garantizar transparencia, imparcialidad y certeza a quienes buscan representar a la coalición oficialista. Como explicó Citlalli Hernández, la siguiente etapa consistirá en revisar cada uno de los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, antes de definir qué perfiles participarán en las encuestas que determinarán a las personas coordinadoras de la Defensa de la Transformación. Este mecanismo, que Morena ha utilizado en procesos anteriores, vuelve a colocarse en el centro de la definición política del partido, por lo que su credibilidad dependerá de que las reglas sean aplicadas con claridad y que los resultados generen confianza entre la militancia y los aspirantes. La participación de perfiles provenientes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde también pone de manifiesto la importancia de la coalición como plataforma electoral rumbo a 2027. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando se conozcan los nombres de quienes avanzarán a la siguiente fase, pues será entonces cuando la dirigencia deberá demostrar su capacidad para preservar la unidad interna y evitar fracturas derivadas de la competencia política.
DESTAPES ADELANTADOS BAJO LA LUPA
La actividad política rumbo a las elecciones de 2027 se ha intensificado mucho antes del inicio formal del proceso electoral, generando un escenario en el que prácticamente todos los partidos buscan posicionar a sus principales figuras. En ese contexto, el anuncio de que Movimiento Ciudadano prepara recursos legales tanto contra Morena como contra el PAN refleja que la discusión ya no gira únicamente en torno a quién tiene mejores perfiles, sino también sobre los límites legales de la promoción anticipada. Mientras Morena impulsa la figura de las Coordinaciones de la Defensa de la Transformación, el PAN, a cargo de Jorge Romero desarrolla su estrategia mediante los llamados “coordinadores de la Patria y la Familia”, ambos mecanismos concebidos como procesos internos, pero que inevitablemente proyectan a quienes podrían convertirse en candidatos una vez que inicien los tiempos constitucionales. La controversia evidencia un vacío que desde hace tiempo ha sido señalado por especialistas y autoridades electorales: la legislación enfrenta dificultades para distinguir entre la actividad política ordinaria de los partidos y los actos que podrían interpretarse como promoción anticipada. En la medida en que todas las fuerzas políticas recurren a figuras similares para fortalecer el posicionamiento de sus aspirantes, crece la necesidad de que las reglas sean claras y se apliquen de manera uniforme, sin distinciones partidistas. La equidad en la competencia electoral no depende únicamente de sancionar posibles irregularidades, sino de ofrecer certeza sobre lo que está permitido y lo que no antes del inicio oficial de las campañas. El proceso rumbo a 2027 apenas comienza, pero las controversias jurídicas ya anticipan que las autoridades electorales tendrán un papel determinante para resolver las disputas que surjan entre los partidos. Más allá de los recursos legales que cada fuerza política decida presentar, el reto será preservar la confianza ciudadana en que la contienda se desarrollará bajo principios de legalidad, imparcialidad y equidad para todos los participantes.