La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, solicitó al Gobierno de México investigar las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales durante una manifestación ciudadana realizada en Guadalajara, Jalisco.
El pronunciamiento surgió después de los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre, cuando miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para exigir soluciones a los problemas de contaminación y abastecimiento de agua potable que afectan a numerosas colonias.
La movilización terminó con enfrentamientos entre algunos participantes y elementos de seguridad, así como con personas lesionadas, detenciones y denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos.
Mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, Gina Romero expresó su preocupación por los reportes recibidos sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante la protesta.
La especialista de Naciones Unidas señaló que existen denuncias sobre la utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y otros mecanismos de dispersión contra personas que participaban en la movilización.
También advirtió sobre posibles detenciones arbitrarias y malos tratos, por lo que consideró indispensable esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Romero solicitó que las investigaciones se desarrollen de manera independiente y oportuna, con el propósito de determinar si existieron responsabilidades por parte de los elementos de seguridad que intervinieron.
Asimismo, hizo un llamado a garantizar la integridad física y los derechos de todas las personas que fueron detenidas durante la jornada.
La relatora también pidió a las autoridades evitar expresiones que desacrediten o estigmaticen a quienes ejercen su derecho a manifestarse, al recordar que la libertad de reunión pacífica constituye una garantía fundamental.
La protesta se originó por las denuncias de habitantes de Guadalajara y municipios cercanos, quienes aseguran que desde hace varios meses reciben agua con coloraciones anormales, malos olores y características que generan preocupación sobre su calidad.
Organizaciones civiles han señalado que al menos 320 colonias de la zona metropolitana presentan problemas relacionados con el suministro, mientras que los vecinos han solicitado investigaciones sobre posibles riesgos sanitarios.
Los inconformes también han exigido que las autoridades implementen medidas para garantizar el acceso a agua limpia y revisen las condiciones de la infraestructura encargada del abastecimiento.
Durante la movilización, miles de personas avanzaron por distintas vialidades de Guadalajara hasta las inmediaciones de Casa Jalisco, sede utilizada por el Gobierno estatal.
Aunque la manifestación comenzó de manera pacífica, posteriormente se registraron enfrentamientos entre un grupo de participantes y elementos policiales que resguardaban el inmueble.
De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, los incidentes comenzaron después de que un grupo de aproximadamente 400 personas, presuntamente ajenas a la protesta original, realizó actos violentos contra los agentes de seguridad.
El gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo que algunas de estas personas portaban piedras, tubos, martillos y otros objetos, con los cuales habrían agredido a los policías que participaban en el operativo.
Según la versión oficial, los elementos de seguridad respondieron para contener los enfrentamientos y proteger las instalaciones, aunque las circunstancias de su actuación deberán ser investigadas.
Las autoridades estatales reportaron inicialmente 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y 31 civiles que requirieron atención médica.
Entre los agentes heridos se encontraban dos con lesiones de gravedad, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Jalisco.
Sin embargo, organizaciones civiles y familiares de manifestantes denunciaron que el número de personas arrestadas podría ser mayor al reconocido inicialmente por las autoridades.
Algunos colectivos señalaron que hubo personas detenidas que no participaron en actos violentos e incluso denunciaron dificultades para conocer su ubicación y situación jurídica.
Estas diferencias entre los reportes oficiales y las denuncias ciudadanas motivaron llamados para transparentar los procedimientos de detención y garantizar el acceso a información sobre las personas involucradas.
La Fiscalía de Jalisco informó posteriormente sobre la liberación de varias personas que habían sido arrestadas durante los incidentes, mientras continuaba la integración de las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con reportes difundidos por la institución, hasta la noche del lunes 12 de octubre habían sido liberadas 32 de las 39 personas cuya detención fue reconocida oficialmente.
Las autoridades señalaron que algunas investigaciones continuarían sin necesidad de mantener privadas de la libertad a las personas involucradas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a la represión policial y pidió al Gobierno de Jalisco explicar las razones que motivaron el operativo de seguridad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que las autoridades tienen la obligación de preservar el orden público, pero también deben respetar los derechos de quienes participan en manifestaciones.
Sheinbaum solicitó información sobre las personas detenidas y cuestionó el posible uso de gases lacrimógenos y otros mecanismos de dispersión contra los manifestantes.
La presidenta también sostuvo que las movilizaciones deben desarrollarse sin violencia, por lo que consideró necesario investigar tanto las denuncias de abusos policiales como los hechos violentos registrados durante la jornada.
En respuesta, el gobernador Pablo Lemus aseguró que su administración revisaría los videos y demás elementos disponibles para determinar si los agentes incurrieron en excesos durante su intervención.
El mandatario estatal informó que solicitó a la Fiscalía revisar individualmente las detenciones y esclarecer las circunstancias en que fueron realizadas.
También señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició una investigación de oficio para examinar los acontecimientos.
A las exigencias de esclarecimiento se sumó Amnistía Internacional, organización que pidió investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras posibles vulneraciones a los derechos humanos.
La organización expresó preocupación por los testimonios de familiares, periodistas y personas que participaron en la protesta, particularmente por los señalamientos relacionados con detenciones y dificultades para obtener información sobre los arrestados.
Asimismo, solicitó que se evite criminalizar a quienes participaron pacíficamente en la movilización y que se garantice el respeto a sus derechos durante cualquier procedimiento legal.
Los pronunciamientos de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han colocado bajo revisión la actuación de las autoridades estatales durante la protesta.
Además de esclarecer los enfrentamientos, las organizaciones han insistido en la necesidad de atender el problema que originó la movilización: las denuncias ciudadanas sobre la calidad del agua que reciben miles de familias en Guadalajara.
Los habitantes afectados han solicitado soluciones relacionadas con la distribución del líquido, el mantenimiento de las redes de abastecimiento y la verificación de posibles contaminantes.
También han pedido que las autoridades proporcionen información clara sobre las condiciones del suministro y los posibles riesgos para la salud.
La controversia ha generado un debate sobre las obligaciones de las instituciones públicas frente a las manifestaciones sociales, especialmente cuando los ciudadanos protestan para exigir servicios básicos.
En este contexto, la relatora especial de Naciones Unidas insistió en que cualquier denuncia de uso excesivo de la fuerza debe ser examinada mediante procedimientos imparciales, capaces de establecer responsabilidades cuando existan elementos suficientes.
El pronunciamiento no constituye una determinación definitiva de culpabilidad contra los agentes involucrados, sino una solicitud para investigar las acusaciones y garantizar los derechos de las personas afectadas.
Mientras las autoridades continúan con la revisión de los hechos, permanecen pendientes tanto el esclarecimiento de las detenciones y lesiones registradas como la atención a las demandas relacionadas con el abastecimiento de agua.
La intervención de la relatora de la ONU se suma a los llamados nacionales e internacionales para que se investigue lo ocurrido el 11 de octubre en Guadalajara y se garantice que el ejercicio del derecho a la protesta se desarrolle bajo condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos.