Y vaya que sigue dando mucho de qué hablar la campaña permanente en contra del Instituto Nacional Electoral, el cual no ha sentido solo lo duro, sino hasta lo tupido.

Entre los vaivenes de los procedimientos legales, llámese Controversia Constitucional, o recursos ante el Tribunal Electoral, ha salido una especie de solución salomónica, en donde en efecto no se puede disponer la suspensión del ejercicio de revocación de mandato, pero por otro lado, el tribunal determina que hay que pedir la suficiencia presupuestaria para que el INE pueda llevar a buen puerto el cometido constitucional.

Más allá de que aun prosigue la carpeta de investigación iniciada por el presidente de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros del INE que de forma colegiada determinaron hace semanas suspender el ejercicio de democracia participativa por falta de recursos; una vez levantada dicha suspensión por el tribunal electoral, no ha quedado más que buscar la manera, primero de que cuadre el número de firmas exigidas por la ley (el 3% de los 94,845,915 electores registrados, de al menos 17 estados del país) y segundo, que se tenga el recurso económico necesario para llevar la jornada comicial como Dios manda, o dicho de otra manera, como lo instituye la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La jornada de consulta para determinar si los mexicanos le han perdido o no la confianza al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es sin lugar a dudas una labor que tiene un valor financiero muy alto, pues conforme a la ley de la materia deben de establecerse el mismo número de casillas que se colocaron con motivo de las votaciones federales previas, ya que el artículo 41 de la ley señala que: “El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior”.

En ese tenor, el número de casillas a instalar y operar, son por la cantidad de 156,807,  por lo que el ejercicio se torna bastante caro, pues se trata del mismo número de casillas que se utilizaron en la contienda anterior, en donde se votó por diversos puestos de elección popular. Sin dejar a un lado el milenario número de personas que se ocupan para atender adecuadamente la consulta.

Ya hay voces legislativas, incluyendo Morena y PAN, que proponen la disminución a un 50% del número de casillas a fin de abaratar el costo de la revocación de mandato, por lo que se sugiere una modificación al artículo 41 de la ley de revocación, para hacer esa adaptación.

Por lo pronto, en el foro de La Mañanera, don Adán Augusto, que funge como secretario de Gobernación, ya anunció y mandó un sugerente documento intitulado “Ejercicio de austeridad INE”, el cual por la tarde del jueves llegó a las oficinas del árbitro electoral. El documento señala disminuir sueldos de los funcionarios, suprimir plazas, disminuir gastos de operación, eliminar servicios médicos y disponer de dos fideicomisos de los que tiene el instituto, para dar el monto de 2,972 millones de pesos, de los 3,830 millones de pesos que se ocupan. Además el Ministro del interior, dice que nunca se ha modificado un presupuesto a favor de un órgano autónomo.

Lo anterior, es quizá el preámbulo de la respuesta de la Secretaría de Hacienda al Instituto Nacional Electoral, sobre la ampliación presupuestal que sugirió el Tribunal Electoral se realizara ante aquella, cuya respuesta deberá en su caso de estar debidamente fundada y motivada, como dicen en el argot jurídico.

La respuesta del presidente del órgano constitucional autónomo al operador político fue muy clara y contundente: “Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y sin seriedad”.

Por lo pronto la saga de tragicomedia de Poder Ejecutivo versus INE seguirá dando mucho de qué hablar, de ahí que la subastada democracia mexicana va de picada, en tanto no haya quienes de verdad vengan a poner fin a ese conflicto innecesario, que solo está dando al traste a los grandes avances de las tres últimas décadas.

Si el ejercicio de la democracia directa o la representativa tiene un valor ideológico, un valor filosófico, un valor cívico y se constituye como la base para la unción y estabilidad de gobiernos legítimos apoyados por las mayorías sin desconocer la representación de las minorías, por supuesto que tal andamiaje tiene un valor o costo financiero, pues para llevar a cabo las jornadas, como ya se sabe, se ocupa de bastante dinero, tanto para recursos materiales y humanos, por supuesto para que dichos ejercicios resulten óptimos y satisfactorios.

Si el INE es desmantelado y “chafeado” en su digna labor, al estilo CNDH, seguramente sus resultados serán de la misma catadura, por lo que ello solo incentivaría el linchamiento social y las impugnaciones al por mayor, lo que será el mejor pretexto para segregar del sistema republicano a este órgano constitucional.

Incluso ante esta crisis institucional, no podemos cerrar los ojos ante la otra crisis humanitaria que radica momentáneamente en la cuarta ola de la pandemia y en la escasez de medicamentos especializados, en donde los muertos por Covid-19 ya frisan los 300 mil, de ahí que exista una genuina razón de estado para centrar ahí la mayoría de la atención y energía gubernamental; por lo que crear un problema de ficción en el tópico de la democracia, no tiene verdadero sentido, sobre todo en tratándose de un ejercicio de democracia participativa que bien pudiera esperar, no solo para fondearlo, sino además para hacer los ajustes legislativos a fin de que la figura de la revocación de mandato tenga una forma más práctica y económica, pero sobre todo, introducir a la norma su temporalidad  y las causales por las cuales se deba de acudir a dicha actividad,  pues de ninguna manera debe caber el solicitarla solo por “amor al arte”.

López Obrador goza aún de buenos niveles de aceptación y aun con las pifias que pudiera haber, no se ha llegado a aspectos graves de gobernabilidad, por lo que de antemano se sabe el resultado. Empero, aun suponiendo de que se le revocara el mandato, pocos han reparado en que el artículo 84 de la Constitución Mexicana, establece que de proceder tal separación, se asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo por quien ocupe la presidencia del Congreso, para  así dentro de los siguientes treinta días  el mismo Congreso estar designando a quien deba de concluir el período constitucional; lo que significaría pasar de un ejercicio democrático de 2018 a una decisión cupular de los partidos en 2022.

 ¿De verdad, en estos momentos valdrá la pena toda esta parafernalia?

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