Y lo que ya se veía venir, cada vez se acerca más. La administración pública federal en las próximas semanas muy posiblemente sufrirá mutaciones, de buen calado, ante la iniciativa del ejecutivo de desaparecer varios organismos descentralizados y desconcentrados.
Así pues, ya esperando turno se encuentran los siguientes descentralizados: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción desaparece. El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), pasará tareas a la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), así como el Conadis, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, emigrarán sus funciones a la Secretaría de Bienestar.
En la Secretaría del Trabajo, esperan las funciones del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), mientras que Semarnat absorberá la competencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc). Así también, las funciones del Comité para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pasarán a manos de la Sader.
La Comisión Nacional del Agua, que no es ni Secretaría, sino un órgano desconcentrado de Semarnat, recibirá los quehaceres del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
En la lista de desconcentrados en capilla, tenemos: las funciones de la Secretaría General de la Conapo, que es el Consejo Nacional de Población, pasarán a las riendas del Inegi, que es órgano constitucional autónomo y es ajeno al ejecutivo.
Así también, la Coordinadora General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados se integrará al Instituto Nacional de Migración; tanto la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, como la Comisión para el Uso Eficiente de Energía, migran a la Secretaría de Energía.
De igual forma, la Sader, absorberá los Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, así como la cartera de Inspección y Certificación de Semillas. La Secretaría de Relaciones Exteriores “jalará” la actividad de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El DIF nacional atraerá las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Finalmente, a la Secretaría de Bienestar, irán a dar las tareas del Instituto Nacional de Economía Social.
Aparentemente, es el discurso de la austeridad el que da motivación a estos movimientos, que en términos de administración pública, en algunos de los casos pudieran resultar un retroceso, pues es claro que la descentralización y la desconcentración del poder público termina por hacer eficaz muchas tareas, al caer en la especialización, pero además procura evitar la engorrosa burocracia que permea a toda administración central.
Al pasar al Congreso para la aprobación correspondiente, esperemos se den los foros necesarios y se invite al INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) a fin de que se valore en términos de operatividad y aspectos financieros, sobre la viabilidad de suprimir los organismos y órganos aludidos.
La migración al poder central de estos entes públicos, más allá de la austeridad republicana, impactarán necesariamente a los usuarios en cuanto a tramitología en virtud de la especialización, insisto, pero más allá de eso, con tales acciones se viene una seria concentración a favor de las dependencias directas del ejecutivo.
Por fuera de la administración centralizada, se tiene en orden de importancia a los órganos constitucionales autónomos, luego a los organismos descentralizados y en menor nivel, a los órganos desconcentrados.
Los primeros siguen manteniéndose intocados, pero se dice hay planes para con ellos. Su autonomía es otorgada por la propia constitución y orbitan en torno a los tres poderes, por ello son parte esencial en el sistema republicano.
Por otro lado, los descentralizados, tienen personalidad jurídica propia, tienen patrimonio propio, gozan de autonomía técnica y financiera, que deriva de la ley; mientras que los órganos desconcentrados, si son subordinados al poder central, cuenta con competencia exclusiva y solo cuentan con autonomía técnica, por lo que emiten sus propias decisiones; entre algunas de sus cualidades.
El detalle está en que así como en la medicina existen especialidades y subespecialidades, como la neumología y la neumología pediátrica, o bien, como la medicina interna y la nefrología, hay quienes consideran a la administración pública como un cuerpo humano, la cual debe de tener su atención en función a las necesidades de la población, que cada vez es más exigente y requiere de atenciones en ramos diversos, ya sea por su edad, vulnerabilidad, sexo, actividades, ramos económicos, etcétera.
Por lo pronto, ahí viene ya en cascada la intentona de supresión de instituciones y gran labor será de los congresistas, juristas, líderes políticos y población en general, el analizar si todo lo que se plantea es realmente conveniente y actuar en consecuencia, cuando menos emitiendo su opinión.
Ya se verá, si vale la pena eliminar instituciones que tienen su razón de ser y también se sabrá, si se trata en efecto de ahorrar recursos o si se trataba solo de una “atractiva y tentadora” intención de concentración de poder.