Con el aviso de que será impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anoche quedó aprobada en lo general y en lo particular la reforma que sujeta la operación y administración de la Guardia Nacional al general secretario de la Defensa Nacional, para intervenir en la seguridad pública en el ámbito local, con facultades para realizar investigaciones y coordinarse con la Fuerza Armada permanentemente.
Con la decisión de no aceptar ninguna de las 200 reservas que hizo la oposición, Morena y sus aliados del Verde, PT y PES, avalaron la reforma que facultad a la Defensa Nacional a “ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, y cuando la persona titular del Ejecutivo federal disponga de su intervención para el auxilio de la Fuerza Armada permanente en el ejercicio de sus misiones”.
Además, “expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio de la Guardia; elaborar los programas operativos y estrategias; organizar la distribución territorial; proponer adecuaciones a la estructura y las demás establecidas en la ley, y otras disposiciones”.
Dispone que la Guardia Nacional realizará sus operaciones mediante una estructura que se integrará por las personas titulares de los siguientes niveles de mando: Secretaría de la Defensa Nacional; comandancia; coordinación territorial; coordinación estatal y coordinación de unidad.
Fueron 71 votos en favor, del bloque oficialista; 51 votos del bloque opositor y el senador Ricardo Monreal votó en abstención, dado que sostuvo durante semanas que es necesaria una reforma constitucional.
Los senadores del PAN, PRI, MC y PRD expresaron que se trata de una reforma inconstitucional y que ellos no pueden aprobarla, no sólo porque militariza al país, sino porque viola el juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Damián Zepeda, del PAN; Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, del PRI; Juan Zepeda y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Emilio Álvarez Icaza y Germán Martínez, entre otros, advirtieron en diferentes ocasiones que no es sano para la nación que se le otorgue tanto poder a las Fuerzas Armadas, porque ninguna institución debe concentrar tantas facultades.
Pero el bloque oficialista se mantuvo en una pieza. Constantemente dejaron en claro su voto, no sólo porque consideran que es una demanda social, sino porque afirman que es un acierto el cambio de estrategia, como expresó Rafael Espino.
La monotonía del debate se rompió cuando la panista Lilly Téllez se refirió al Presidente de la República como una persona que “come garnachas sobre la Constitución, patea las leyes y pisotea el Estado de derecho”, lo que provocó que el morenista Héctor Vasconcelos amenazara con demandarla penalmente; Alejandro Armenta, recordó que ningún senador puede ser reconvenido por sus expresiones en tribuna.