Milton Martínez Estrada
La ‘Estafa Maestra’ en Sonora
Dos funcionarios fueron vinculados a proceso por su participación directa y activa en el desvío de 7 mil 670 millones de pesos de dinero público a empresas fantasmas mediante una operación que fue llamada «Estafa Maestra».
Los nuevos involucrados judicialmente por este caso son: Daniel Hidalgo Hurtado, exdirector de la televisora oficial Telemax y a Luz María Orozco Quiroz, extitular de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Entre estos dos últimos exservidores, según la decisión de un juez federal, tendrían que justificar el gasto inexplicable de 311 millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017.
Para que tengamos una idea del desfalco millonario, desde Sonora se operó el desvío del 4% de toda la «Estafa Maestra».
El garlito descubierto en 2017 por una investigación de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad obligó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar mejor el gasto público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La huella dejada por el dinero gubernamental reveló que la empresa con razón social Televisora de Hermosillo SA de CV, Telemax, violentó el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), al firmar dos convenios (uno general y otro comercial) con Sedatu y no contar “con los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos”.
Entonces, la incapacidad de Telemax permitió esquemas para simular el ofrecimiento de los servicios y las adquisiciones.
La auditoría 16-E-26002-12-1794 1794-DS-GF precisó que Telemax subcontrató a nueve empresas que a su vez subarrendaron servicios a otras 22 que nunca tuvieron una relación directa con la televisora sonorense.
Además, violentó el artículo 4 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, que limita a los proveedores a que los contratos con terceros excedan el 49% del monto total, no obstante, Telemax subarrendó el 98.5% (267.7 millones) de lo convenido con la dependencia federal. No sólo eso, Telemax y su director general, Daniel Hidalgo, se prestaron al doble juego financiero de la Sedatu, pues el convenio sonorense, que consta de 17 órdenes de trabajo, es similar a uno que se firmó en Quintana Roo. Es decir, únicamente en 2016 la secretaría encabezada en aquellos años por Rosario Robles (estuvo en la cárcel por este fraude) pagó por el mismo trabajo 271.8 millones de pesos en Sonora y más de 171.7 millones de pesos al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, según la auditoría 1792-DE.
Daniel Hidalgo aseguró a personal de la ASF que en ese momento la empresa oficial a su cargo contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios solicitados por la secretaría al 100%. Sin embargo, la televisora incumplió con el convenio y subcontrató los servicios solicitados.
Al darse a conocer este escándalo de la «Estafa Maestra» la otrora gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se deslindó de toda responsabilidad fiscal de Telemax y la dependencia federal.
Incluso Ramón Moya, por esos días recién nombrado titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en Sonora, sostuvo que Telemax no incurrió en irregularidades estatales en la Cuenta Pública 2016, porque los prestadores de servicio contratados tienen vigentes sus registros fiscales.
«Las observaciones se las hicieron a Sedatu y por supuesto la televisora tendrá que aclarar el tema correspondiente con apego a la legalidad”, justificó. Pero, aun así, anunció que en marzo de 2017 se practicaría una nueva auditoría fiscal a Telemax, dado que aún restaban más de 40 millones de pesos por ser revisados, debido a que la Sedatu contrató a la teledifusora estatal en 2016, pero algunos de los servicios fueron pagaderos hasta 2017.
Ni Pavlovich, ni Moya, tuvieron la razón. En los próximos meses sabremos cómo termina esta historia.
Nos leemos la otra semana.