Pablo Beltrán
Noches negras: ¿consummatum est?
Y vaya que los días transcurridos nos han metido al túnel del tiempo, en donde al fragor del intento de la reforma constitucional electoral y la ya prácticamente concluida reforma legal –llamado Plan B-, se ha puesto a muchos mexicanos en modo nostalgia, al recordar aquél último gran fraude electoral gestado desde los sótanos de Bucareli, a través de la Comisión Federal Electoral (CFE), capitaneada en aquel nebuloso 1988 precisamente por el que hoy dirige institución de similares siglas, recordando así también la gran reacción que se vino.
Quienes suman algunas décadas bajo las alforjas, recuerdan con meridiana claridad aquello del antes y después de la democracia en México, en donde en efecto se pudo ver en los años sesentas, setentas y ochentas las operaciones rudimentarias como ratones locos, embarazo de urnas, hasta llegar al punto más tecnológico que fue la famosa “caída del sistema” en las postrimerías de la década ochentera.
Del llamado fraude electoral del ochenta y ocho, quienes jugaron la posición más enérgica de reclamo, sin lugar a dudas, lo fue la opositora y valiente izquierda mexicana, quienes se mostraron agraviados respecto al descarrilamiento de Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, en donde a la vez se sumó parte de la derecha, a través del Partido Acción Nacional, con el impulso de Manuel J. Clouthier.
Ahora bien, como todos saben, esa lucha dio en espiral situaciones a favor de la democracia al sacar las elecciones de la Secretaría de Gobernación, con el posterior ungimiento en 1990 del Instituto Federal Electoral y así posteriormente, la mutación en 2014 al Instituto Nacional Electoral. De esa medida de sacar las manos del ejecutivo en las contiendas, se vinieron los gobiernos de alternancia, una y otra vez, por todos los confines de la república, lo que fue un síntoma inequívoco de que la ciudadanización de la institución electoral había funcionado.
Ahora con la reversa metida, en pleno año 2022, muchos han pensado no solo bajo el criterio de que el INE “no se toca”, sino más bien, el de qué necesidad había de moverle a algo que funciona y funciona correctamente, cuando en todo caso, si bien se pudo moverle a aspectos de racionalidad en el gasto, ello no debía llegar al grado, por ejemplo, de descabezar el servicio electoral de carrera, con lo cual el instituto quedará a merced de futuros nuevos empleados de dudosa capacidad técnica.
Se disminuyen los entes internos del instituto y con ello, su capacidad de respuesta ante los múltiples retos que dan las etapas de una elección, la cual no es solo el día de la jornada, pues existen las previas de preparación y las posteriores de calificación.
El quitarle “dientes” al INE a fin de que no pueda sancionar actos contrarios a la norma electoral, como actos anticipados u otros, es darle rienda suelta a la anarquía comicial, en donde los actores darán piruetas a la hora que sea y como ellos quieran, incluso con antelación a los tiempos formalmente electorales, en pocas palabras, se vendrán episodios penosos de desbordamiento, pues al no haber eventual sanción no habrá respeto a las reglas del juego, las que se tornarán estériles ante la norma imperfecta. La “cláusula de la vida eterna” a favor de darle vida artificial a la chiquillada al parecer de último momento ha sido sepultada, pues a final de cuentas se querían un golpe de buen calado, pero no dejar visos de cinismo.
Son centenas de artículos los traídos a nuevas leyes, mismos que en esencia trastocan un sistema que estaba funcionando, de ahí que en el corto plazo se sabrá en los hechos sobre su eficacia y si suspicazmente se generan las ventajas para alguien.
Hay quienes creen que en este tema no todo está perdido y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía Acción de Inconstitucionalidad, la que se constituirá como el último reducto de la democracia en este país y cuyo Poder decidirá en su caso, si está reforma legal se sostiene por apego y respeto a la constitución, o en caso contrario, si la misma debe de caer como dominó en un entramado en donde muchos creen que también se encuentra en juego la república, pues el INE es un Órgano Constitucional Autónomo, que como tal, orbita en torno a los otros tres poderes conforme a la teoría constitucional moderna, así que…
¿QUÉ SIGUE PARA CAJEME?
Y en donde se siguen haciendo olas es en lo relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, sobre todo en la parte correspondiente a los beneficios para los municipios. Al parecer Cajeme, aun y cuando es la segunda ciudad en importancia –poblacional y en potencial económico-, pasó a ser el cuarto municipio en el orden de apoyos, incluso por debajo de Navojoa y Guaymas, lo que provocará, a juicio de algunos, que la Perla del Yaqui, capital del Sur de Sonora, permanezca sumida en el estancamiento, pues un detonador importante para los polos de desarrollo es la inversión pública.
Se sabe y se dice que los únicos que criticaron este presupuesto lo fueron algunos diputados de la oposición, pero no precisamente del PRI o del PAN, sino los de Movimiento Ciudadano, los cuales como fuerza emergente han dado la pelea y en el caso del presupuesto vaya que pusieron el punto sobre las íes, sobre todo el congresista Russo Salido, quien ha hecho una ardua defensa de Cajeme –incluyendo al ITSON-, sin saberse a ciencia cierta si nuestros diputados locales de Morena hicieron algún gesto o simplemente se cuadraron ante los números del ejecutivo.
Pues por lo pronto, ya algunas empresarias y empresarios cajemenses, de los grupos organizados, han puesto el grito en el cielo reclamando el aparente abandono hacia Cajeme, situación que ha puesto al presidente municipal en tesitura, sobre todo por que lógicamente desea sacar avante a la ciudad.
Ya hay voces del empresariado, que indican que es posible exijan al alcalde la promoción de los recursos políticos o jurídicos necesarios para poder revertir ese llamado magro presupuesto para Cajeme, e incluso se menciona ponerle en la mesa del Ayuntamiento la posibilidad de promover la Controversia Constitucional en contra de tal documento, pues se dice que solo así se pudiera ver con un análisis justiciero que es lo que le corresponde a nuestro municipio, en función a demografía y a otros aspectos preponderantes. Los conocedores, refieren que de promoverse dicho instrumento constitucional, lo que se logre quedaría como una base para el futuro de Cajeme, pues los criterios que sobrevengan quedarían en pro del desarrollo de una ex ciudad pujante, que lo único que desea es recuperar la grandeza perdida.