La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal constitucional tiró una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la modificación de cuatro leyes secundarias para que la Sedena maneje la Guardia Nacional, pues los magistrados señalaron que esto vulnera el artículo 21 de la Constitución.
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, establece dicho artículo constitucional, por lo que estos elementos tendrán que regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre los ministros a favor de invalidar la transferencia -como lo propuso el ministro Juan Luis González Alcántara- estuvieron Luis María Aguilar, quien recordó que las autoridades de seguridad pública deben tener un carácter civil, por lo que mencionó que la formación y entrenamiento es lo que distingue a éstas de los militares.
“El entrenamiento y la formación que reciben los miembros de las fuerzas armadas por su propia naturaleza y funciones difieren del que requieren los cuerpos policiacos para realizar sus tareas en materia de seguridad pública, todas vez que la misión principal encomendada a las fuerzas armadas es la defensa de la soberanía e integridad de patria y defensa del Estado frente del enemigo”, dijo.
Los únicos tres ministros que estuvieron en contra de esta invalidez fueron Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, quienes argumentaron que los comandantes de la Guardia Nacional son quienes tienen el mando de este cuerpo de seguridad y no los militares.
“La esencia no cambia, la Sedena no tiene el mando, tiene el control operativo y administrativo. El mando corresponde a los comandantes de la Guardia Nacional. Esta diferencia es importante: quien toma decisiones de la Guardia Nacional es el comandante”, dijo el ministro Zaldívar.
En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf comentó que la legislación controvertida no vulnera el artículo 21 Constitucional, pues dijo que el Congreso federal cuenta con una amplia libertad configurativa en materia de seguridad pública.
“El esquema planteado mediante el cual el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional está subordinada a la estrategia que dicte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que se cree un denominado un sistema dual de control, sino es un único modelo que se seguirá existiendo con su gestión de la actuación del militar a un mando civil”, defendió la ministra.
En septiembre del año pasado, en un debate que duró más de 10 horas en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen que establece que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Mientras, la oposición señalaba que eso significaba “militarizar al país” y que iba en contra de lo establecido en la Constitución; Morena y sus aliados, en contraparte, defendieron que esta reforma buscaba fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional.