Lorenza Sigala / MO
Habitantes del predio conocido como El Álamo, ubicado en las cercanías de San Pedro, se manifestaron este jueves frente a Palacio de Gobierno para denunciar presuntos actos de despojo ilegal, desalojos forzados y extorsión por parte de particulares que aseguran ser representantes de los nuevos propietarios de dichas tierras.
Los manifestantes, conformados en su mayoría por familias que aseguran tener entre 20 y hasta 30 años habitando el terreno, sostienen que adquirieron las parcelas de buena fe desde finales de los años 80 y principios de los 2000, y que han invertido en viviendas, infraestructura y mejoras sin haber recibido previo aviso legal de desalojo.
“Ahí estamos varios, nosotros compramos estos terrenos como posesionarios desde 1989. Hay quienes tienen trámites casi listos para escriturar, pero nunca nos han dejado avanzar. Y ahora, de la noche a la mañana, llegan con una orden judicial y maquinaria para sacarnos”, declaró Eustacio Granado Franco, uno de los voceros de los afectados.
Los hechos habrían escalado desde el pasado 6 de mayo, cuando, según testimonios, camiones de carga y elementos de seguridad acudieron con una supuesta orden de un juez mercantil para proceder con el desalojo de varias familias.
Uno de los casos más graves es el de Beatriz Adriana Montijo Gámez, quien relató entre lágrimas cómo su familia, tras casi 30 años habitando el predio, fue desalojada abruptamente:
“No se nos avisó nada. Llegaron con grúas, patrullas, y nos sacaron con todo y nuestros animalitos. Mi familia vive al día, no tenemos a dónde irnos. Nos prestaron un terreno para meter nuestras cosas. Estamos sin hogar”.
Además, varios vecinos denunciaron presuntos intentos de extorsión por parte de los representantes legales del supuesto nuevo propietario. Según José González Terrazas, les exigieron pagos de hasta 50 mil pesos para no proceder con el desalojo:
“Nos dijeron que si pagábamos esa cantidad, nos permitirían seguir allí. Algunos lo hicieron por miedo. Yo mismo pagué, y aún así no nos dan garantías de nada”.
De acuerdo con los manifestantes, el conflicto surgió a raíz de un litigio relacionado con una parcela de aproximadamente ocho hectáreas, supuestamente entregada como forma de pago por el ejidatario original a un tercero. Posteriormente, una persona identificada como Michelle Valenzuela habría presentado una escritura que los habitantes señalan como irregular, dado que ya existían trámites previos por parte de los posesionarios.
Otros testimonios revelaron que incluso se ha negado el acceso a documentación legal o copias de las órdenes judiciales, y que las acciones fueron ejecutadas sin la presencia de un actuario, tal como establece la ley.
Los afectados mencionaron que el caso se encuentra registrado en el Juzgado Segundo Oral Mercantil B, bajo un juicio ejecutivo mercantil presuntamente representado por los abogados Hugo Girón Grijalva y Darío Romero Santos.
“Queremos que las autoridades nos escuchen. No somos invasores, somos ciudadanos que actuamos de buena fe. Ya ganamos juicios antes, pero no entendemos cómo en pocos días se ejecutan estos desalojos tan violentos”, agregó otro de los manifestantes.
El grupo exige una revisión profunda del caso por parte de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado, así como la intervención del Poder Judicial para garantizar legalidad y evitar que más familias sean desalojadas injustamente.
La manifestación fue pacífica y se mantuvo en diálogo con representantes del gobierno estatal, quienes recibieron a algunos voceros para conocer el caso de primera mano.