Por Lorenza Sigala
El Congreso del Estado ya trabaja en una propuesta legislativa para atender las demandas de las estancias infantiles agrupadas en COVAFAM-SISEIN; sin embargo, no aprobará ninguna reforma que permita eximirlas del cumplimiento de la Ley 5 de Junio ni de otras disposiciones en materia de Protección Civil, afirmó la diputada local de Morena, Vicky Espinoza.
La legisladora explicó que en una próxima sesión extraordinaria se presentará un decreto relacionado con el recurso solicitado por las estancias infantiles y posteriormente será turnado a la Secretaría de Hacienda del Estado para que realice las acciones correspondientes.
“No podemos darle una etiqueta de legado público a una empresa que por más que tenga muy buenas intenciones de trabajo sea privada. La misma ley nos lo prohíbe”, declaró la diputada.
Espinoza señaló que comprende la situación de las responsables de las estancias, ya que también se desempeñó como docente y administró una estancia infantil, pero sostuvo que el Congreso no puede actuar fuera del marco legal.
“Con todo respeto a las compañeras, no es negociable el hecho de que quieran ellas que se le aprueben sus estancias sin que se les aplique la Ley 5 de Junio. Eso no es negociable”, afirmó.
Respecto a los dos millones de pesos reclamados por COVAFAM, indicó que ese recurso extraordinario ya había sido ejercido mediante una convocatoria, aunque aseguró que el Congreso ya se encuentra elaborando un decreto para instruir a la Secretaría de Hacienda a atender la petición.
“Ya estamos en el proceso, se está aprobando un decreto, un convenio, en donde a la Secretaría de Hacienda se le va a dar la indicación de que ellos puedan proceder para que puedan darle respuesta a la necesidad que tienen en este momento esas estancias infantiles”, dijo.
La diputada también manifestó su preocupación por el estado de salud del representante legal de COVAFAM, un adulto mayor de 81 años que mantiene una huelga de hambre, aunque insistió en que el Congreso no puede aprobar disposiciones contrarias a la ley.
“No podemos nosotros legislar de manera ilegal permitiendo que las estancias de COVAFAM no se les aplique, por ejemplo, el tema de Protección Civil, el tema de la Ley 5 de Junio”, expresó.
Finalmente, aseguró que las puertas del Congreso permanecen abiertas para mantener el diálogo con las manifestantes y encontrar una solución al conflicto.
COVAFAM RECHAZA SEÑALAMIENTOS Y ACUSA QUE DIPUTADOS NO HAN LEÍDO EL PLIEGO PETITORIO
Tras las declaraciones de la legisladora, representantes de COVAFAM-SISEIN rechazaron que en algún momento hayan solicitado quedar exentos de las revisiones de Protección Civil o dejar de cumplir con la Ley 5 de Junio.
La organización afirmó que los diputados no leyeron el pliego petitorio que entregaron al Congreso, ya que en ninguno de sus puntos solicitan dejar de ser supervisados por Protección Civil.
De acuerdo con el documento, lo que exigen es que la Coordinación Estatal de Protección Civil y las unidades municipales reciban y validen de manera inmediata las carpetas técnicas de los Centros de Educación Inicial, además de la exención del pago de derechos por concepto de revisión de programas internos, inspecciones y dictámenes para 2026, al considerar que son instituciones de asistencia social y educación sin fines de lucro. También señalan que, de no otorgarse la exención, al menos se reduzcan los costos de recepción de carpetas, cuyo trámite ronda los 10 mil pesos por centro.
Asimismo, COVAFAM aclaró que tampoco busca dejar sin efecto la Ley 5 de Junio. Explicó que su propuesta consiste en homologar la legislación estatal con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación inicial, como parte de la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial (SISEIN).
Entre las demás exigencias del pliego petitorio se encuentran el cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena el pago de dos millones de pesos, la creación del SISEIN, una partida presupuestal permanente para educación inicial, reformas a la Ley de Protección Civil y a la Ley de Agua del Estado, así como la emisión de una fe de erratas para corregir el destino de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos.