El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron una suspensión temporal con la alianza Va por México.

Esta suspensión, señalaron, es mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no defina con claridad si honrará la plataforma electoral común de la coalición Vamos por México, que firmaron en 2021 y en la que se comprometieron a evitar la militarización del país.

Este anuncio ocurre luego que el PRI diera a conocer una iniciativa de reforma para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

Con dicha propuesta, el PRI se suma a la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional deje de estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un pronunciamiento conjunto, PAN y PRD argumentaron que en 2021 la coalición Va por México se comprometió y firmó frente a la sociedad civil una agenda electoral y legislativa clara para “cuidar la democracia, las instituciones, los equilibrios y el Instituto Nacional Electoral, así como evitar la militarización del país”.

“Hacemos un respetuoso y responsable llamado a la dirigencia nacional del PRI y a sus legisladores para que, más allá de coyunturas políticas e incluso personales, asuman con total responsabilidad la difícil situación que estamos viviendo y privilegien el interés superior de la Nación, expresando con toda claridad su rotundo rechazo y votando en contra de que continúe la militarización del país”, destacaron.

De acuerdo con ambos partidos, militarización de la Guardia Nacional no ha podido evitar la violencia, además que, a tres años y medio de creada, la Guardia Nacional tiene un mando militar, no civil, y también la gran mayoría de sus integrantes son militares, “en una clara violación al mandato constitucional”.

Por lo que expresaron su sorpresa e inconformidad hacia la dirigencia nacional del PRI.

“Prorrogar la militarización del país hasta el 2028 es también prorrogar la inconstitucionalidad de las leyes que los partidos de la coalición hemos votado en contra.  Siempre hemos insistido en que, en materia de seguridad pública, la intervención militar debe ser por tiempo limitado y únicamente en los casos en que las policías civiles se vean superadas”, señalaron.

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