LIMA. El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “incapacidad moral” después de que el presidente anunciara la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.

Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera el inesperado anuncio que fue calificado de “golpe de Estado” por representantes de todo el espectro político a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.

Tras el anuncio, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente, es decir, su destitución, con 101 votos a favor y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte.

Unas horas antes, Castillo, en un mensaje a la nación, aseguró que su decisión de disolver el Congreso respondía a la “obstrucción” que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia”, expuso antes de anunciar las medidas que implicaba su decisión.

“Se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado”, expuso el mandatario. “Se respeta y garantiza la propiedad privada”.

Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones.

Tras el anuncio del presidente, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores, así como el embajador de Perú ante la ONU, anunciaron su dimisión. El abogado de Castillo también anunció que renunciaba a representar a su cliente.

Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

El Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, calificó al gobierno de Castillo como “usurpador”.

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