Lorenza Sigala / MO
La Barra Sonorense de Abogados A.C. expresó públicamente su profunda preocupación y condena ante los hechos ocurridos el pasado 24 de mayo, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dispararon contra un vehículo particular, hiriendo de gravedad a un abogado litigante de Hermosillo.
El pronunciamiento oficial, firmado por el presidente del Consejo Directivo Estatal, José Manuel Ávila Valenzuela, junto con el vicepresidente Antonio Romero Peñuñuri, el secretario Javier Alfonso Pérez Chávez y la tesorera Ema Guadalupe Millán Castro, subraya que este incidente podría constituir una violación a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, lo cual implicaría la probable comisión de delitos por parte de los agentes involucrados.
Según las declaraciones públicas emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los agentes ministeriales confundieron el vehículo del abogado con otro, lo que derivó en el ataque. Para la Barra Sonorense de Abogados, este tipo de errores no solo atentan contra la seguridad ciudadana, sino que también socavan el Estado de Derecho y los principios fundamentales del derecho.
Aún más alarmante resulta la información difundida recientemente, que indica que los dos elementos de la AMIC presuntamente responsables se habrían sustraído de la acción de la justicia. Esta evasión, señala la organización gremial, representa una obstrucción directa a los derechos de la víctima y los ofendidos, incluyendo su derecho a una reparación integral del daño.
En consonancia con los fines institucionales establecidos en sus estatutos —entre ellos, la promoción de la equidad, la justicia y el estricto cumplimiento de la ley—, la Barra Sonorense de Abogados insta al poder público a actuar con firmeza y transparencia, exigiendo el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho.
“El único camino posible hacia la seguridad y la justicia en nuestra sociedad es la aplicación cabal de la ley, sin privilegios ni excepciones”, concluye el comunicado.
La comunidad jurídica local permanece atenta al desarrollo de este caso, que no solo involucra a uno de sus miembros, sino que también pone a prueba la capacidad institucional para garantizar justicia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en Sonora.